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EXONERACIÓN DEL PASIVO INSATISFECHO. UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD

El mecanismo de «segunda oportunidad» fue introducido en nuestro ordenamiento por vía de urgencia con la promulgación del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero [BOE núm. 51, de 28/02/2015], convalidado por la Ley 25/2015, de 28 de julio [BOE núm. 180, de 29/07/2015]. Con acertado criterio, su exposición de motivos reconoce que muchas situaciones de insolvencia son debidas a factores que escapan del control del deudor de buena fe, planteándose entonces la cuestión ética de que el ordenamiento jurídico no ofrezca una salida razonable a este tipo de deudores que no pueden cumplir los compromisos adquiridos «por una alteración totalmente sobrevenida e imprevista de sus circunstancias».

Para superar esa disfunción del ordenamiento, la normativa citada introdujo el art. 178 bis en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal [BOE núm. 164, de 10/07/2003], que establece el procedimiento y los requisitos necesarios para que el deudor persona natural pueda obtener, en su caso, el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho o, dicho de otra forma, para que el deudor persona física pueda liberarse parcial o totalmente de las deudas que no se hayan pagado dentro del concurso.

Es menester destacar que la admisión de la solicitud está condicionada a que se haya tramitado previamente el concurso del deudor persona física, y que aquél no sea calificado como culpable. Además, cuando la estimación inicial del pasivo no supere los 5 millones de euros, con carácter previo al concurso, el deudor persona natural tendrá que haber celebrado, o al menos intentado, un acuerdo extrajudicial de pagos. Cumulativamente, el juez del concurso habrá de apreciar la buena fe del solicitante, que en todo caso concurrirá cuando se reúnan los requisitos establecidos en el tercer apartado del art. 178 bis de la Ley Concursal, sin perjuicio del criterio flexible adoptado en numerosas resoluciones judiciales, principalmente en aquellos supuestos en los que el mecanismo de segunda oportunidad se ha aplicado en virtud de las normas transitorias, que permiten al deudor de buena fe acogerse a esta vía aunque el concurso se hubiera iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la normativa citada, e incluso en el supuesto de que el concurso ya hubiera concluido antes de esa fecha, si se insta un nuevo proceso concursal.

Desafortunadamente, a pesar de los efectos positivos que podrían derivar de la iniciación de esta clase de procedimientos en beneficio del deudor de buena fe, y a pesar también de la aplicación transitoria del mecanismo de segunda oportunidad a los concursos que ya se estuvieran tramitando, la realidad es que el uso de este proceso no ha tenido en España la acogida que sí tiene en otros Estados de nuestro entorno. En este sentido, nuestro distinguido compañero Martí Batllori señalaba en la rueda de prensa ofrecida por el ICAB el pasado 18 de abril que «este proceso que también existe en otros países como Alemania, y que el año pasado contó con 107.000 casos de segunda oportunidad, o Francia, que tuvo 180.000 procedimientos, mientras que en España solo hubo un total de 1.270».